TECNOLOGÍA
La IA generativa no autorizada en oficinas italianas exige gobernanza laboral y de datos
Un análisis italiano advierte de que el uso no censado de herramientas de IA en el trabajo activa obligaciones de protección de datos y de relaciones laborales que las empresas abordan por separado.

En las oficinas de las empresas italianas la inteligencia artificial generativa está, con toda probabilidad, ya en todas partes, incluso donde nadie la ha autorizado. Así lo plantea un análisis de AI4Business sobre la llamada shadow AI, esto es, el uso de herramientas de IA no censadas ni aprobadas por la organización. El fenómeno conecta dos frentes de la agenda global de la inteligencia artificial: su impacto en el trabajo y el marco regulatorio que intenta encauzarlo; su relevancia práctica estriba en que ese uso invisible puede trasladar datos personales y corporativos a servidores de terceros y activar obligaciones legales específicas.
El artículo describe un supuesto verosímil: un responsable de equipo integra en un asistente de IA los registros de acceso y los tiempos de trabajo de sus colaboradores para que le señale anomalías o caídas de productividad, instaurando de hecho una vigilancia a distancia sin haberse preguntado si hacía falta un acuerdo sindical o la autorización de la inspección de trabajo. A ello se suman prompts con información reservada o secretos comerciales y resultados utilizados sin verificación previa. El texto sostiene que prohibir sin más no resuelve el problema y lo alimenta: si el empleado considera útil la herramienta, la usará igualmente, quizá desde su dispositivo personal y sin supervisión alguna.
Frente a eso, el análisis propone una gobernanza que haga visible, trazable y consciente el uso de la IA. Una política eficaz debería indicar qué herramientas están autorizadas, fijar qué informaciones no pueden introducirse en los prompts y establecer un circuito de responsabilidad sobre quién verifica el resultado antes de que se convierta en documento, comunicación o decisión de la empresa. En ese punto entra la alfabetización en materia de IA que define el artículo 4 del AI Act: el conjunto de competencias, conocimientos y comprensión que permiten a proveedores y usuarios emplear los sistemas con conciencia de sus oportunidades y riesgos, una obligación que el texto sitúa sobre quienquiera que preste o utilice estos sistemas.
El análisis señala además que el Digital Omnibus on AI modifica ese artículo 4 —en su formulación original el deber se aproximaba a un resultado que debía garantizarse—, aunque el fragmento disponible se interrumpe y no permite precisar el alcance completo del cambio. En paralelo, las informaciones de privacidad dirigidas a los trabajadores conforme al artículo 13 del RGPD deberán actualizarse para dar cuenta específica del uso de sistemas de IA que traten sus datos. La conclusión del texto es que protección de datos y derecho laboral comparten un mismo hilo: todo sistema que trate datos de trabajadores con fines organizativos es, a la vez, un asunto de privacidad y de relaciones industriales.
Las empresas que abordan ambos perfiles por separado, advierte el análisis, dejan descubiertos precisamente los casos más delicados, aquellos en que un tratamiento invasivo nace de una herramienta adoptada por motivos de productividad. El marco italiano, integrado con los decretos de aplicación del AI Act, exigiría una dirección única: traducir esos principios en políticas claras, en formación efectiva y en contratos actualizados antes de que la shadow AI vuelva tardía cualquier corrección. El texto disponible no fija fechas para el Digital Omnibus ni para la actualización de las informaciones de privacidad.
Sources
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